Nuevo retraso de Verifactu hasta octubre de 2028: causas e impacto en pymes y desarrolladores
La entrada en vigor del sistema Verifactu vuelve a posponerse, sumando ya su tercer aplazamiento oficial hasta octubre de 2028. Esta nueva moratoria genera una profunda incertidumbre tecnológica y financiera tanto en pequeñas empresas como en proveedores de software de gestión en España.
Cronología de los aplazamientos de Verifactu
El calendario de implantación obligatoria ha sufrido continuos cambios desde su aprobación inicial:
- 1 de julio de 2025: Primera fecha prevista para su entrada en vigor.
- 1 de enero de 2026: Primer aplazamiento oficial.
- Enero de 2027: Segundo retraso, anunciado en diciembre de 2025 a escasas semanas de su activación.
- Octubre de 2028: Nueva fecha fijada tras este tercer cambio de rumbo.
Causas oficiales frente a la realidad técnica
Según la versión oficial, el objetivo de esta prórroga es alinear el calendario de Verifactu con la factura electrónica obligatoria (un sistema distinto al registro de facturación de Hacienda) y adaptarlo a la directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age), cuya aplicación arranca en 2030. El diseño técnico original de Verifactu presentaba problemas de compatibilidad con este marco comunitario, obligando a replantear la normativa.
Sin embargo, en la práctica informática existen dos frenos evidentes: la enorme dificultad técnica de actualizar miles de TPV físicos, comercios electrónicos y sistemas ERP antiguos en pymes, y las deficiencias de diseño previo respecto a los estándares europeos.
El coste de la inseguridad jurídica para empresas y programadores
Este cambio constante de plazos supone un grave perjuicio económico para el sector tecnológico y empresarial:
- Inversión amortizada antes de tiempo: Miles de autónomos y pymes ya realizaron desembolsos económicos para actualizar sus programas de facturación o adquirir nuevo equipamiento cumpliendo con las fechas anteriores.
- Pérdidas en desarrolladores de software: Empresas de programación y consultoras que contrataron personal e invirtieron cientos de horas en crear módulos (add-ons) e integraciones específicas ven frenado su retorno de inversión de forma repentina.
Mientras tanto, las empresas españolas quedan atrapadas en un escenario de desconfianza normativa, sin garantías reales de que los plazos anunciados vayan a cumplirse definitivamente.
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